Cuarenta años pedaleando al trabajo deberían ser motivo suficiente para que un ciclista veterano viera, con orgullo, una transformación en las calles. Más orden, más infraestructura, más respeto. Pero la realidad golpea como una cuesta empinada sin cambio suave: seguimos igual. O peor.
Moverse en bicicleta en Costa Rica continúa siendo un acto de fe. No hay ciclovías suficientes, y las pocas que existen son, en ocasiones, simples adornos urbanísticos: vehículos estacionados encima, comerciantes invadiéndolas, peatones obligados a serpentear entre obstáculos. Una infraestructura que debería ser aliada termina convertida en un campo minado.
Los estímulos para quienes escogen transportarse de forma limpia, saludable y barata son nulos. Las bicicletas pagan más impuestos que algunos vehículos, no hay parqueos seguros, y las empresas —salvo contadas excepciones— no ofrecen duchas, bodegas o incentivos para quienes deciden llegar al brete en pedales. Y si hablamos del gobierno, la respuesta es un silencio que ya cansa: “bien, gracias”.
Ser ciclista urbano en Costa Rica es vivir en resistencia. No es moda, no es deporte, no es un domingo familiar. Es economía doméstica, es salud pública, es movilidad inteligente. Pero pareciera que, para las autoridades, seguimos siendo invisibles.
Cuarenta años después, el país continúa discutiendo lo básico: una red segura, fiscalmente coherente, pensada para la gente que se mueve sin contaminar. Un país donde moverse en bici no sea un acto heroico sino una opción lógica.
Hasta que eso ocurra, seguiremos pedaleando. No por terquedad, sino porque la bicicleta demuestra todos los días lo que el sistema todavía no aprende: avanzar no es correr más rápido, es hacerlo mejor.
Uylle 